Plan impulsado por la administración anterior fue aprobado en mayo anterior; iniciativa forma parte del acuerdo con el FMI
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó este miércoles la reforma a la Ley General de Aduanas, que pretende agilizar los procesos y combatir fraudes aduaneros en el comercio internacional.
Dicha legislación, aprobada en segundo debate por el Congreso, el 23 de mayo anterior, fue impulsada inicialmente por la administración de Carlos Alvarado como parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el auxilio financiero del Estado.
Entre otros aspectos, el plan habilita a la Dirección General de Aduanas a cerrar por 15 días naturales, previo procedimiento sancionatorio, los negocios que mantengan inventarios de mercancías para venta, distribución o comercialización sin los documentos aduaneros de respaldo.
Con la nueva ley, las empresas que incumplan las normas aduaneras serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías carentes de respaldo, siempre que no se esté ante un delito de contrabando.
Los funcionarios que participen en actividades de contrabando también serían sancionados con una suspensión del puesto por 10 días.
El texto también busca dotar a la Administración Aduanera del uso de dispositivos tecnológicos de última generación para controlar el ingreso y salida de mercancías del país.
Además, se elimina el requisito de la presentación de la declaración aduanera de exportación emitida por el país de origen de las mercancías, debido a que muchos países no emiten dichas declaraciones. Así, se evitan complicaciones a la hora de que los productos pasen por las aduanas nacionales.
Para el caso de las exportaciones nacionales se seguiría emitiendo la declaración de exportación como se ha venido realizando. Asimismo, el plan facilitará el pago diferido de los impuestos aduaneros, ya que se contará con la posibilidad de pagar los tributos después de ingresar las mercancías a suelo costarricense, cuando se trate de importación de materias primas y bienes de capital.
Además, el texto crea la posibilidad de autocorregir la declaración única aduanera (DUA) y se consolida, dentro del plan aprobado, la figura de operador económico autorizado.
El operador es una persona certificada por la Dirección General de Aduanas, que acepta someterse voluntariamente al cumplimiento de los requisitos y condiciones para la aplicación de las medidas de aseguramiento de la cadena logística de las mercancías, el control, la agilización y la facilitación del comercio.
El Poder Ejecutivo tendrá seis meses de plazo para reglamentar la ley, una vez se publique en el diario oficial La Gaceta.